El registro de la propiedad en España es una institución administrativa que publica los derechos reales sobre los bienes inmuebles. Su inscripción es voluntaria y rogada, lo que significa que solo se realiza a solicitud de las partes, salvo en casos excepcionales donde es constitutiva. Aunque no es necesario inscribir una propiedad para transferirla, hacerlo otorga efectos legales especiales, como la presunción de veracidad frente a terceros. El registrador debe verificar la legalidad formal de los documentos presentados y asegurarse de que cumplan los requisitos establecidos por la ley hipotecaria. Si un documento no cumple con estos requisitos, el registrador puede denegar la inscripción, pero la decisión puede ser recurrida ante la Dirección General de los Registros o los Tribunales de Justicia.
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